LIBRO INDUSTRIAL ECLESIÁSTICO EN EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA.

  

 Un documento que felizmente se ha podido conservar y que informa claramente sobre nuestro pasado es una parte del Catastro del Marqués de la Ensenada. Este documento se comenzó en 1752 y en 1762 volvió a revisarse. El documento que ofrecemos a continuación corresponde a esa revisión y nos acerca un poco a la realidad de nuestro pueblo a mediados del siglo XVIII, al menos en lo que se refiere al personal eclesiástico.

  Como podemos comprobar existían en el pueblo nada menos que 9 curas y 4 clérigos de menores, es decir, aún no ordenados como curas. El documento va detallando nombres y apellidos de los citados clérigos anotando a su lado que confrontan con la primera operación, es decir, con la efectuada en 1752. Sólo a los dos últimos presbíteros, Francisco Muñoz y Fernando Romero Real, se les añaden los familiares con los que viven.

  La importancia de los documentos que componen el denominado Catastro del marqués de la Ensenada es fundamental para conocer la realidad de Espera a mediados del siglo XVIII.

  Este Catastro nacía  para la creación de lo que Ensenada llamó Única Contribución que intentaba sustituir una serie de impuestos. Se pretendió mejorar la situación de la Hacienda Real mediante la reducción a una única contribución de las rentas provinciales, buscando también una mayor efectividad recaudatoria del Estado.

  Según Donézar[1] con los decretos de 1749 para la realización de esa magna encuesta previa a la “Única Contribución” en las 22 provincias de Castilla de la que quedaban exentas Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, más el Reino de Navarra y el de Aragón, se pretendía  sustituir  la gran cantidad de impuestos que se pagaban entonces en España por uno sólo.

  Para Gómez Urdáñez[2], las ideas dirigidas a conseguir dinero para aumentar la capacidad del Estado no eran novedosas. Ya en tiempos de Carlos II se intentó una reforma administrativa en sentido recaudatorio. Como es sabido, la Guerra de Sucesión española en 1700, que dio origen a la monarquía borbónica, serviría para legitimar el nuevo sistema fiscal dando lugar a la imposición del Equivalente en Valencia, la contribución real o Única en Aragón, la talla en Mallorca y  el cadastre en Cataluña. Uno de los impulsores de estas nuevas reformas fue Macanaz, que preparó los textos de Nueva Planta.[3]

  Pero no es el caso el tener que hacer aquí un repaso a la evolución de las reformas contributivas en España. Debemos, sin embargo, acercarnos a las circunstancias que motivaron la confección del citado Catastro. 

  Para Ensenada el objetivo central era sanear la hacienda pública, aumentando drásticamente los ingresos. Para ello se debía abandonar un sistema como el tradicional de arrendamiento de la recaudación, asumiéndola directamente el Estado. Este camino supondría, según Ensenada, el aumento entre un 20 y un 30 por ciento de los ingresos[4].

  La real orden de Fernando VI imponiendo la realización de una gran averiguación que tendría fines informativos de las 22 provincias que componían la corona de Castilla se promulgó el 10 de octubre de 1749. Su finalidad inmediata, según Concepción Camarero[5], era conocer la “sustancia” del reino, para, una vez conocida, decidir el poner en práctica la sustitución de los antiguos  impuestos de las rentas provinciales, por una nueva modalidad: la Única Contribución.

  En Espera se comienza la encuesta el día 19 de julio de 1752 bajo la Presidencia del Juez-subdelegado para las diligencias de la Única Contribución, don Francisco Álvarez de Herrera. El procedimiento fue el siguiente: el intendente mandó una carta al alcalde del pueblo en la que se trasladaba la orden del rey anunciando a su vez la  fecha de su llegada. El alcalde dio publicidad a la misma a través de un bando que  estuvo expuesto al menos durante 8 días, tanto en el pueblo como en los cercanos, pues en cada lugar debían declarar, no sólo los vecinos, sino también los forasteros que allí tuviesen bienes. Posteriormente tanto vecinos como forasteros debían entregar al alcalde las relaciones o memoriales individuales. Se hacía a continuación la elección de los representantes del concejo y los peritos en el mismo ayuntamiento, los cuales debían responder a las 40 preguntas.

  Así pues, don Francisco Álvarez de Herrera, juez subdelegado para el pueblo, encargado de realizar las diligencias para la llamada Única Contribución, hizo comparecer ante su presencia a Juan Alonso de Ortega y Cristóbal Muñoz Garzón, alcaldes ordinarios; a Cristóbal Moreno Algarín, alcalde provincial y Francisco Martín Garrido y Pedro Piña como regidores y Pedro Martín Valverde como escribano público. Fue convocado también Diego de Funes Ferrete, el cura más antiguo de la localidad. Junto a ellos son llamados igualmente Alonso Corona, Pedro Ortega, José Álvarez, Juan Salones, Juan Lobo y Bartolomé Alcalá como personas conocedoras de la realidad del pueblo y su término.

  A la hora de recoger la información catastral se decidió que los eclesiásticos declararan en otro documento distinto al del resto del pueblo. Era el Libro de lo Eclesiástico

  No conservamos el texto confeccionado en 1752, pero sí el realizado en 1762 como consecuencia del Censo que se ordenó confeccionar en toda España desde  1756. Nos ha parecido interesante traer a estas páginas este documento porque viene a darnos una idea de la situación de la Iglesia en aquel momento y la importancia que debió tener en la sociedad, de ahí el elevado número de sacerdotes que existía en la localidad. Tengamos también en cuenta que, además de la Iglesia Parroquial, todavía se conservaba la ermita de la Veracruz, la de San Sebastián, la del Castillo y la de San Bernardino.

A ese Censo que antes mencionamos pertenece el siguiente documento  conservado también en el Archivo General de Simancas y del que poseemos documentación fotocopiada y es como sigue:

  

“En la villa de Espera en cinco días del mes de julio de mil setecientos y sesenta y un años, los señores Don Juan Pérez de Mérida, teniente de Corregidor, D. Carlos Jerónimo de Ferreras  y Francisco Fernández Garrido, Alcaldes ordinarios, con asistencia del señor don Diego Nicolás Ferrete, cura más antiguo, acompañado de don Domingo Antonio Pérez, presbítero, don Alonso Faustino de Ferreras, D. Sebastián de Cuevas y Molina, Bartolomé García de Alcalá y Sebastián Romano, peritos nombrados para la Única Contribución, por ante mí, el escribano, vieron y reconocieron el Libro de Eclesiástico de los vecinos Eclesiásticos de esta villa y hallaron subsistían de presente los que irán expresados en dos clases que a saber son los siguientes:

 

ECLESIÁSTICOS PRESBÍTEROS.

 

D. Andrés Cabello de Oropesa, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Francisco de Aguilera Mateos, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Joseph de Salas, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Domingo Antonio Pérez, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Benito José Pérez, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Diego Nicolás Ferrete, presbítero. Confronta con la primera operación.

D. Francisco Muñoz Arias, presbítero, tiene su madre, una tía y dos hermanos menores.

D. Fernando Moreno del Real, presbítero, sin más familia que su persona.

D. Pedro Hermoso, presbítero, sin más familia que su persona.

 

CLÉRIGOS DE MENORES.

 

D. Diego Nicolás Ferrete y Ortega.

D. Andrés Suárez.

D. Pedro Doblado.

D. Juan Gutiérrez Cano.

 

Y en la forma referida se practicó esta diligencia y lo firmaron los que supieron y por el dicho Sebastián Romano firma Pedro Muñoz Valverde. Y yo el escribano que presente fui, doy fe.

 

Firmas de: D. Juan Pérez de Mérida. D. Carlos Jerónimo de Ferreras y Saavedra.

Francisco Garrido.   D. Diego Nicolás Ferrete. Cristóbal Muñoz Garzón. 

Domingo Antonio Pérez. D. Alonso de Ferreras.   D. Bartolomé García de Alcalá.

Por testigo: Pedro Muñoz Valverde. Juan de Matos.  Sebastián Cuevas y Molina.

Diego Gutiérrez Ferrete. D. Juan Francisco de Cánovas”.