EXPEDIENTE SOBRE ESCUELAS GRATUITAS[1].

 

 

La enseñanza gratuita no era un problema resuelto afines del siglo XVIII. A lo largo de este artículo veremos los circunstancias que rodearon la creación de una plaza de maestro en el pueblo debido a que el que ejercía anteriormente tuvo que dejar el puesto debido a su avanzada edad. En muchas ocasiones eran los propios padres los que debían aportar una cantidad de dinero al maestro para que sus hijos acudieran a la escuela.

El 30 de junio de 1790 se recibía una comunicación en el Supremo Consejo en Madrid una notificación dirigida por el corregidor de Jerez de la Frontera, Pedro Escolano de Arrieta, en la que se pedía el establecimiento de un maestro de primeras letras en Espera. El texto comenzaba así: “Siendo muy importante a la Religión y al Estado la educación de la juventud, se han hecho en diferentes tiempos los encargos convenientes a los Párrocos  y Justicias de los pueblos, para que cada uno en su respectivos ministerio se dediquen con particular cuidado a imponer a los niños desde la más tierna edad en las máximas cristianas y políticas que conviene para que sean unos buenos ciudadanos y se eviten los delitos y escándalos públicos.

            Por la Real Cédula dada en Madrid a 12 de julio de 1781, se prescribieron las reglas convenientes para que los padres cuidasen de dar a sus hijos la educación conveniente a fin de que aprendiesen algún destino u oficio útil con los encargos conducentes a las Justicias para que supliesen la morosidad o negligencia de los padres y cuidasen de que no subsistiese por más tiempo la nota ni los daños que trae consigo la ociosidad en perjuicio de la universal industria de que depende en gran parte la felicidad común”.

            A pesar de todas estas advertencias se quejaba la autoridad de que en muchos pueblos y lugares no se observaban estas órdenes  por lo que el Consejo  se comunicaran circulares a los corregidores y alcaldes mayores para el cumplimiento de todas las resoluciones. Nos encontramos en el reinado de Carlos III, rey ilustrado, que promovía las ideas de la Ilustración, de moda en Europa en aquellos momentos. Pero para que la escuela y la formación llegaran a todos los rincones del reino hacía falta dinero. El Consejo solicitaba un informe de todos aquellos lugares donde no hubiera escuelas.

            El 15 de febrero de 1792, con Carlos IV como rey, se recibía en el Ayuntamiento un escrito de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla por medio del cual se comunicaba: “El Director de la Real Sociedad Patriótica  de la ciudad de Sevilla hace presente a usted que por Provisión del Supremo Consejo de Castilla comunicada a dicho cuerpo en 17 de julio de 1787 se halla el  noble Arte de primeras Letras de todo este Reinado sujeto en lo gubernativo y económico a la referida Sociedad, y no dudando ocurrirá usted  varios puntos importantes a la mayor perfección en la educación de la juventud, le convida para que consulte, o con la mencionada Sociedad o con sólo el Director, según la necesidad lo pida cualquier punto en que pueda o deba haber adelantamiento, o en que se pueda evitar algún pleito sobre el particular u otro de los encargados a este Real Cuerpo”.

            El Ayuntamiento ve en esta misiva una tabla de salvación al problema que se había planteado en el pueblo, y contesta que no habría otro pueblo en todo el reino que más necesitara la creación de una escuela como Espera. Se ponía todo esmero en la instrucción de los párvulos que había, pero la pobreza de los padres y la corta práctica de los maestros que había daban ocasión a que los más no acudieran a la escuela y los que iban no se perfeccionaban y resulta de todo “que no hay quien sepa escribir en esta villa y apenas quien esté instruido en los dogmas católicos, especialmente entre las gentes del campo que forman a más  el vecindario, en tanto grado lo primero que dos escribanos que hay carecen de oficiales por no haber en el pueblo quien sepa escribir; y en lo segundo los curas trabajan sobremanera pero  sin fruto porque no aprendieron desde la niñez”.

Continuaba el escrito comunicando que el Ayuntamiento había solicitado una escuela gratuita pero no lo había conseguido. Y llegamos hasta 1798 y seguíamos en las mismas. A la solicitud de un informe desde Sevilla se responde que en el pueblo sólo había un maestro y tan mayor que estaba a los umbrales de la muerte y por su ausencia era suplido por un nieto suyo, “mediano pendolista” que hasta ahora no había ejercido ese ministerio, ignorándose si por la salud del abuelo  continuaría o no, pues no había en el pueblo otra persona que pudiera dedicarse a ello. El informe comunicaba que la villa tenía unos 700 vecinos y no había dotación alguna señalada por el reglamento de propios para ello ni fundaciones particulares que pudieran dedicarse a la enseñanza.

            El 30 de noviembre de ese año se celebró un cabildo en el que se leían y certificaban las órdenes de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla en las que se informaban del expediente que se había formado en la villa sobre el establecimiento de dos escuelas pías gratuitas, una de niños y otra de niñas, y por medio del cual se encargaba a las justicias y Ayuntamiento que propusieran los arbitrios menos gravosos para su dotación, es decir, que el Ayuntamiento tenía que buscar el dinero para el establecimiento de las dos escuelas de los ingresos que tuviera, arrendamientos de tierras de propios y arbitrios. Se habría también el procedimiento oposición para la elección de los maestros correspondientes. Entre los maestros postulantes al puesto se encontraba Juan José de Guzmán, natural de El Puerto de Santa María, que era maestro en Puerto Real pero tuvo que abandonar su escuela debido a los estragos que causó en aquella ciudad la epidemia de fiebre amarilla, que también afectó a nuestro pueblo. Al parecer en Puerto Real murieron cuarenta niños de su escuela y al quedarle muy pocos alumnos, no ganaba lo suficiente para vivir. En principio Guzmán no renuncia al puesto hasta que no se le asegure una cantidad fija que se establece en 900 reales, producto del arrendamiento de tierras de arbitrios. Además el escribano del Ayuntamiento José Álvarez Escobar, le promete colocarlo en su escribanía durante las horas que no hubiera clases. Por todo ello el maestro acepta el puesto en septiembre de ese año.

En febrero de 1802 era Antonio Navarro, maestro de Arcos de la Frontera, quien se ofrecía para el puesto. Igualmente hizo otro maestro de Arcos, José Marchena y Collantes el 13 de febrero. El día siguiente era Manuel García de los Santos quine lo solicitaba. Y el uno de abril de ese mismo año 1802 lo hacía Francisco Moreno quien se ofrecía a “ejercer todas las funciones de mi instituto con el mayor empeño y el método más sencillo y útil hasta la presente época descubierto”.

            Para poder disponer de rentas suficientes para el pago de una renta al maestro debía solicitar a la corona autorización para dedicar algún nuevo arbitrio para el caso. El 7 de noviembre de 1801 la Real Sociedad Patriótica de Sevilla elevaba una petición a la corona para que autorizara el arbitrio. Para ese arbitrio el Ayuntamiento había solicitado la facultad de arrendar la dehesa de La Solera que producía en aquel momento 900 reales de vellón y al hacer el arrendamiento como dehesa cerrada ascendería a 3000 reales, de los que aplicarían 200 de ellos para un maestro de primeras letras. El Ayuntamiento en pleno y su Junta de Propios trataron el asunto el 28 de mayo de 1802. Este estaba compuesto por  Francisco Beato como alcalde ordinario y presidente, Juan Antonio Romano y Antonio Pina como regidores, Antonio Peralta y Cayetano Tenorio como diputados del común y Juan Baquero como síndico personero del común. El Ayuntamiento lo había propuesto debido a que existían otras tierras públicas para pasto y repartimiento. La Real Sociedad Patriótica de Sevilla había enviado otra solicitud en el mismo sentido junta a la del Ayuntamiento ante los Reales Consejos de Castilla. Y esa fue la forma en que se pudo arbitrar un remedio para que los niños espereños tuvieran maestro a principios del siglo XIX.

 

 

Manuel Garrucho Jurado